La iniciativa de reforma en materia de outsourcing tendrá una semana más de discusión, ya que las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda y Crédito Público estimaron indispensable revisar las observaciones que se presentaron durante los dos días del parlamento abierto que se desarrolló en la Cámara de Diputados, así como para esperar los comentarios de la mesa de trabajo permanente que instaló el gobierno federal con empresarios, la intención de esta iniciativa es erradicar las malas prácticas que surgen a partir del esquema de subcontratación laboral, las cuales vulneran los derechos laborales de los trabajadores, se afectará a aquellas que la utilizan con el fin de negar las obligaciones patronales respecto a sus empleados, evadir obligaciones fiscales y/o conseguir la reducción del poder de negociación de los trabajadores, la iniciativa es que no prohíbe la contratación de ninguno de estos servicios complementarios cuando se reconoce que el trabajador tiene una relación laboral con la empresa donde presta sus servicios, la subcontratación es para proveer a una empresa de servicios especializados, en los casos en los que la empresa principal no cuenta con la capacidad necesaria para ejecutarlo, las empresas que se dedican a la subcontratación de servicios u obras especializadas lo hagan según la ley, tendrán que obtener una autorización periódica por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (#STPS) para poder prestar sus servicios y ser elegibles para la deducción fiscal del Impuesto sobre el Valor Agregado. Para obtener dicha autorización, debe demostrarse que la afiliación al #IMSS fue realizada con el salario que realmente perciben los trabajadores. A aquellas empresas que presten servicios de #subcontratación, especializada o no, sin autorización de la autoridad laboral, además de no ser acreedores a la deducción de impuestos, se les impondrá una multa de $173,760 a $4,344,000 pesos, además de que pueden llegar a cometer un delito fiscal, en los casos que se demuestre que la actividad se realiza con el objeto de menoscabar los derechos de los trabajadores.